Albacete, 15 de julio. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma integral de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que estarán acompañadas de una dotación presupuestaria extraordinaria de 6.20
0 millones de euros, destinados a blindar y modernizar el sistema público de cuidados entre este año y el próximo.
La votación de la reforma legal salió adelante con el respaldo de la mayoría de la Cámara, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox; mientras que la convalidación del paquete de financiación extraordinaria sumó también el voto favorable del PP y el único rechazo de Vox.
Esta doble iniciativa legislativa busca responder de manera inmediata a las demandas del colectivo de la discapacidad. El objetivo prioritario es garantizar por ley que el Estado asumirá, de forma estructural, al menos el 50% de la cofinanciación del sistema, transfiriendo una partida récord a las comunidades autónomas para consolidar la atención personalizada.
Emilio Sáez, diputado socialista en el Congreso por Albacete, portavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y ponente de la Ley, ha valorado el avance como un paso crucial: «Estamos facilitando las vías para la mayor reforma social que se ha llevado a cabo en España». Además, Sáez ha subrayado el impacto directo de la medida en las comunidades autónomas, detallando que más de 1.000 millones de euros se destinarán de forma específica a desarrollar políticas de discapacidad en las autonomías.
Asimismo, el diputado por Albacete ha incidido en que los nuevos recursos permitirán acabar «de una vez por todas con la infrafinanciación y la precariedad» del sector, sentando las bases de un modelo que incremente de forma real la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas.
La reforma introduce profundas transformaciones de derecho subjetivo encaminadas a flexibilizar las ayudas y agilizar la gestión administrativa. Con la nueva norma, el periodo máximo para resolver las solicitudes de dependencia se recorta drásticamente a la mitad, pasando de seis a tres meses para evitar los largos tiempos de espera. Además, se establece un sistema de reconocimiento automático por el cual las personas que tengan reconocido el Grado I de dependencia obtendrán de manera directa un 33% de discapacidad oficial, mientras que los Grados II y III equivaldrán de forma inmediata a un 65% de discapacidad.
Una mejora sustancial para 100.000 personas que viven ‘encarceladas’ en sus casas
En materia de movilidad, la accesibilidad universal pasa a ser un derecho plenamente reclamable por la ciudadanía, tanto en edificios residenciales como en los servicios públicos, modificando para ello la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de obligar a financiar las obras de accesibilidad necesarias si un vecino o vecina lo requiere.
Estas medidas legislativas se dirigen de manera prioritaria a eliminar las barreras arquitectónicas que actualmente mantienen a más de 100.000 personas «encarceladas en sus propias viviendas» debido a la falta de adaptaciones en sus entornos. Asimismo, la normativa flexibiliza las ayudas destinadas a la adquisición de productos de apoyo para la autonomía personal, tales como sillas de ruedas o andadores, al tiempo que refuerza el servicio de teleasistencia, expande la figura de la asistencia personal y potencia la formación especializada de profesionales.
Sáez ha calificado la sesión parlamentaria como «un hito histórico de gran importancia para consolidar sociedades libres y en igualdad». El parlamentario se ha mostrado «orgulloso de poder contribuir a impulsar proyectos de esta naturaleza representando a la provincia de Albacete, porque al margen del ruido, esta es la política útil que de verdad transforma la vida cotidiana de las personas».
Finalmente, el diputado socialista ha expresado su agradecimiento a la amplia mayoría parlamentaria que respaldó las leyes, subrayando que dicho consenso evidencia de forma clara que el país avanza por la senda correcta en materia de derechos sociales.