El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sea real y efectiva facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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APROBADA