El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades debe incluir la supresión de todos los inconvenientes que obstaculizan la presencia integral de las personas con discapacidad, cuestión que concierne a toda la ciudadanía, organizaciones y entidades. Conseguirlo requiere que las acciones públicas en materia de discapacidad intervengan en la organización social y en sus expresiones materiales o relacionales que, con sus estructuras y actuaciones segregadoras, postergan o apartan a las personas con discapacidad de la vida social ordinaria, y todo ello con el objetivo último de que esta población disfrute de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos.
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